Santo Domingo.-La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), manifestó su preocupación por la reciente aprobación del proyecto de modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos en única lectura por parte del Senado.
Ecored advirtió que esta legislación, tal como fue aprobada y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, carece de ajustes técnicos esenciales y podría comprometer seriamente la sostenibilidad financiera, la transparencia institucional y la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en la economía circular del país.
En un encuentro en la Torre AIRD, la presidenta interina de Ecored, Christy Luciano, acompañada por miembros del consejo directivo y representantes de organizaciones clave como la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).
Christy Luciano destacó que la ley aprobada debilita los pilares de la economía circular, abre la puerta a monopolios funcionales y establece contribuciones tributarias sin estudios financieros que las respalden. Se estima que de los más de $8,000 millones de pesos que se proyecta recaudar anualmente, cerca de $4,000 millones se destinarían al aumento de tarifas para empresas recolectoras, que actualmente reciben menos de $3,000 millones.
Luciano enfatizó que la ley propone un esquema de contribución basado exclusivamente en los ingresos brutos, sin considerar la cantidad de residuos generados ni los esfuerzos de valorización, lo que penaliza injustamente a las MiPymes.
Además, Ecored advirtió sobre un riesgo significativo de conflicto de interés debido a la incorporación de la económico de Gestores al Consejo del Fideicomiso DO. Esta medida implicaría que actores con interés económico directo tendrían poder de decisión, atentando contra la institucionalidad y la transparencia del sistema. La situación se agrava al considerar que quienes recibirían la mayor parte de los fondos también tendrían poder de decisión dentro del fideicomiso.
