En una impactante jornada realizada este lunes, representantes de diversas organizaciones sociales y el Partido Generación de Servidores llevaron a cabo un acto de rechazo ante el Tribunal Constitucional, depositando acciones de amparo y de inconstitucionalidad contra la recién promulgada Ley 1-24, que da origen a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Priyanka Rodríguez, portavoz de la Fundación RD Inclusiva, expresó su inquietud por la posible violación de la Carta Magna al implementar la Ley 1-24. Afirmó que, a pesar de la necesidad constitucional de establecer la DNI, la normativa aprobada el pasado 10 de enero plantea serias amenazas a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Rodríguez destacó que, durante aproximadamente un año, el proyecto de ley fue conocido y sancionado por legisladores de todos los partidos. Señaló los artículos 9, 11 y 26 como elementos preocupantes, calificándolos como "una mordaza" que podría limitar la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
En sus declaraciones, Priyanka Rodríguez subrayó que la Ley 1-24 incorpora aspectos de proyectos previos, como la Ley Mordaza, la Ley de Ciberseguridad, la Regulación de Aglomeraciones en Eventos Masivos y el Derecho a Réplica. La coalición insta a la declaración de inconstitucionalidad y, en caso de no lograrse, aboga por la derogación de la ley, con especial énfasis en la eliminación de los controvertidos artículos 9, 11 y 26.
Entre los grupos que presentaron sus instancias ante el Tribunal Constitucional se encuentran Patria Libre y Soberana, Juventud Con Una Misión, RD Inclusiva y Acción Cristiana. Todos expresaron su preocupación por los posibles impactos en diversas profesiones, desde abogados hasta médicos y periodistas, y resaltaron la amenaza a la libertad de asociación.
Carmen Orozco Martínez, abogada que representa a estas agrupaciones, describió la situación del país como "bajo terror y desprovisto de atención" tras la promulgación de la Ley 1-24. Alertó sobre el riesgo de que hablar y estar informado se conviertan en actos considerados "crímenes" bajo la legislación de la DNI.
Orozco Martínez enfatizó que la ley obstaculizará las investigaciones fiscales y obligará a abogados y médicos a proporcionar información que anteriormente tenían prohibida divulgar. Ante esta situación, anunció la presentación de una acción directa ante el Tribunal Constitucional, seguida por una acción de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
El candidato presidencial del Partido Generación de Servidores, Carlos Peña, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1-24, buscando su declaración como "nula de pleno derecho y revocada" en todas sus partes. Peña acusó al presidente Luis Abinader de intentar instaurar una dictadura mediante "instrumentos inconstitucionales" que atentan contra las libertades ciudadanas.
Peña denunció prácticas como el espionaje, el caliesaje vulgar y la represión institucionalizada, que, según él, el gobierno utiliza para limitar la libre expresión y la intimidad. Además, señaló la complicidad de los principales partidos en el Congreso Nacional y los acusó de atentar contra la Constitución dominicana.
El ex presidente y actual candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, calificó la Ley 1-24 como un "retroceso en la libertad, la democracia y la institucionalidad". Expresó su preocupación por el poder otorgado a la DNI, afirmando que cada ciudadano está sujeto al capricho de quienes dirijan esta institución, sin la posibilidad de cuestionar posibles infracciones a las leyes penales.
Fernández anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la ley ante el Tribunal Constitucional, alegando que representa el retroceso institucional democrático más grave en el país desde la era de Rafael Leónidas Trujillo hasta la actualidad.
A pesar de la oposición, algunos legisladores han respaldado el llamado a un diálogo para el consenso sobre la Ley 1-24. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, instó a revisar la legislación y se mostró dispuesto a hacer las revisiones necesarias para abordar las preocupaciones de la sociedad.
El diputado Alexis Jiménez sugirió que el Tribunal Constitucional debería ser la institución receptora de las observaciones sobre posibles violaciones de derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.
El expresidente Fernández, junto con otros actores políticos y sociales, ha lanzado críticas fuertes a la nueva ley. Aunque ha recibido apoyo, algunos legisladores han aclarado que no votaron a favor de la pieza y que no respaldan iniciativas que violen los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El arzobispo de Santiago, Héctor Rodríguez, hizo un llamado a las autoridades para que consideren las reacciones de diversos sectores y revisen la legislación. En una ceremonia religiosa, el líder católico señaló que la Ley 1-24, tal como está promulgada, podría atentar contra la libertad de expresión y el derecho a manejar información de manera confidencial.
Este acto coordinado de oposición a la Ley 1-24 refleja la creciente preocupación en la sociedad dominicana por los posibles impactos negativos en la libertad y los derechos fundamentales.
