RD.-Una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la gestión de Abel Martínez en el Ayuntamiento Municipal de Santiago, correspondiente al período del 1.º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, reveló múltiples irregularidades administrativas, entre ellas pagos indebidos, contrataciones sin los debidos procesos y deficiencias graves de control interno.
Entre las supuestas principales irregularidades detectadas se encuentra que «se identificó para el periodo auditado la existencia de veinte y cuatro (24) empleados incluidos en nóminas de otras entidades del Estado, la entidad desembolsó a estos empleados un monto de RD$2,356,488, incumpliendo la Ley n.° 41-08 de Función Pública».
También se verificaron prácticas en violación al sistema de contrataciones públicas. En el informe se indica que hubo un «contrato de servicio sin realizar proceso de selección correspondiente con contratista no registrado como proveedor del Estado, por un monto de RD$3,000,000 mensuales, por vigencia de un año, el monto contratado asciende a RD$36,000,000, incluyendo 4,000 galones de gasoil para la operatividad de los equipos pesados, incumpliendo la Ley n.° 340-06 y su reglamento de aplicación».
Asimismo, se señala que hubo «transferencias de fondos de capítulos diferentes al gasto imputado por un monto de RD$14,031,647, sin la aprobación de estas transferencias de crédito por el concejo municipal».
Otras observaciones incluye la «adquisiciones de gomas con la empresa Jetforce Investements, SRL […] por el monto ascendente a RD$1,564,751, de forma fraccionada», lo que indica una posible práctica de evasión de los controles de compra por fraccionamiento.
En obras contratadas, supuestamente «se pagaron partidas en exceso a lo ejecutado, por un valor ascendente a RD$1,133,263, incumpliendo la Ley n.° 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios».
Además, «Elementos contemplados en análisis de costos duplicados, dicha partida tiene un monto, incluyendo los gastos indirectos de RD$270,735».
También, el documento detalla que existieron «debilidades importantes en la estructura de control interno de la entidad, las cuales reflejan desviaciones contables e incumplimientos legales».
En el plano legal, la CCRD advierte que estos hallazgos constituyen un incumplimiento a los deberes formales dispuestos en las normativas vigentes. En ese sentido, se concluye que «los funcionarios servidores públicos de la entidad fiscalizada presentan indicios que si son determinados comprometerían la responsabilidad administrativa y civil por acción u omisión», conforme a los artículos 47, 48 y 54 de la Ley 10-04.
