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Decisión Judicial en Caso Medusa: Mantienen Medida de Coerción a Exencargado de Tecnología del Ministerio Público

Desarrollo Judicial: Rechazo a Variación de Medida de Coerción para Javier Alejandro Forteza Ibarra

(FUENTE EXTERNA)

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó la solicitud de variación de medida de coerción presentada por Javier Alejandro Forteza Ibarra, exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público. Forteza Ibarra enfrenta acusaciones de sabotaje y alteración de la data digital de la Procuraduría General de la República (PGR).

Mantenimiento de Arresto Domiciliario: Decisión del Juez Amauri Martínez

El juez Amauri Martínez decidió mantener la medida de arresto domiciliario impuesta a Forteza Ibarra, quien está implicado en presuntos actos de corrupción administrativa en el marco de la Operación Medusa. Esta operación judicial tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, y en total involucra a 41 personas físicas y 22 empresas en delitos como funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, crímenes, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Aprobación de la Decisión Judicial: Valoración del Fiscal Emanuel Ramírez

El fiscal Emanuel Ramírez, en representación del Ministerio Público, respaldó la decisión del juez Amauri Martínez, considerándola apropiada durante la audiencia de revisión de la medida de coerción. Este proceso judicial también involucra a figuras como el exsubdirector administrativo Alfredo Alexander Solano, el exdirector administrativo Jonathan Joel Rodríguez Imbert, así como a Jenny Marte Peña, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes Marte y Miguel José Moya.

Complejidad del Proceso: Acusaciones de Corrupción y Delitos Asociados

El caso Medusa aborda una compleja trama de corrupción que implica a varios exfuncionarios del Ministerio Público. Las acusaciones van desde corrupción administrativa hasta delitos de alta tecnología y lavado de activos. La decisión de mantener la medida de coerción destaca la seriedad de las imputaciones y la necesidad de preservar la integridad del proceso judicial.

Jean Piero Escalante Torres

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