El Ministerio Público anunció ayer el desmantelamiento de una presunta red inmobiliaria involucrada en la estafa a clientes al no entregar viviendas por las que se realizaron pagos escalonados.
En la operación, se detuvo a Emmanuel Rivera Ledesma, acusado de estafa inmobiliaria y de realizar maniobras evasivas ante la justicia. Según la acusación, Rivera Ledesma recibió sumas importantes de dinero a cambio de viviendas inexistentes, y cuando los clientes reclamaban incumplimientos, este amenazaba e intimidaba a los afectados.
Las autoridades informaron que la Operación Nido, iniciada en la madrugada del miércoles, llevó a cabo 25 allanamientos en diversas provincias, incluyendo San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional. El despliegue involucró a 170 policías y 28 fiscales, quienes ejecutaron órdenes de requisas y arrestos.
Según la versión oficial, al menos 144 víctimas han presentado querellas o denuncias ante el Ministerio Público. La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que, con esfuerzos significativos, aportaron dinero para adquirir viviendas que nunca recibieron.
La red utilizó vehículos societarios como Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL para crear un esquema inmobiliario fraudulento que incluyó estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
Las autoridades descubrieron que el imputado Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para generar confianza en las víctimas, mientras que el operativo también reveló el estilo de vida ostentoso de algunos miembros de la red, financiado por el dinero obtenido de las víctimas.
La Operación Nido también implicó a Wilton Peralta, representado legalmente por el abogado Fredermino Ferreras, quien alegó que la detención de su cliente constituye una violación a los derechos de los detenidos.
El Ministerio Público prevé solicitar medidas de coerción contra los arrestados, incluyendo Rivera Ledesma, acusado de liderar un esquema fraudulento que afectó a más de 300 personas y ascendería a más de 700 millones de pesos.
Se prevé que las investigaciones y medidas judiciales continúen en las próximas horas, buscando determinar responsabilidades y asegurar que los imputados no obstruyan la justicia ni destruyan evidencias.
El órgano persecutor indicó que se seguirá trabajando para brindar justicia a las víctimas afectadas por esta red de estafas inmobiliarias.
