Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto No. 215-25 mediante el cual queda oficialmente creado el Observatorio de Políticas Migratorias, un organismo que funcionará bajo la dependencia del Consejo Nacional de Migración y cuyo objetivo principal será articular, vigilar y evaluar de manera participativa las políticas migratorias del país. Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones que impulsa el Gobierno para responder de manera más integral y coordinada a los desafíos que plantea la migración irregular, particularmente en el contexto de la frontera con Haití.
El Observatorio estará presidido por el periodista y director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, y contará con una comisión ejecutiva compuesta por personalidades de alto perfil de los sectores académico, empresarial, religioso y social. Entre ellos figuran Julio Sánchez Maríñez, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, arzobispo de Santiago de los Caballeros; el pastor Feliciano Lacen Custodio, director ejecutivo del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE); Jacinto Pichardo, secretario general del Instituto Duartiano; César Dargam Espaillat, vicepresidente ejecutivo del CONEP; Juan Mera, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, y Juan Bancalari, presidente de ASONAHORES.
El decreto establece que todos los miembros de esta comisión ejercerán sus funciones de manera honorífica y sin remuneración, lo que ha sido interpretado como una señal de compromiso ético e institucional. Además, el Observatorio tendrá la facultad de invitar a otros miembros de la sociedad civil y de conformar mesas de trabajo permanentes con expertos nacionales e internacionales en materia migratoria, fortaleciendo así su rol técnico y consultivo.
Entre sus funciones principales se encuentra la organización de la vigilancia ciudadana en temas migratorios, la creación de espacios institucionales de participación social, el monitoreo independiente de las políticas implementadas por el Estado y la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública. Se busca que el Observatorio se convierta en un puente legítimo entre el Estado y la sociedad en un tema tan sensible y estratégico como la migración, especialmente ante el incremento de los flujos migratorios irregulares en la región.
Esta medida también forma parte del paquete de 15 acciones concretas anunciadas recientemente por el presidente Abinader para enfrentar la migración irregular y fortalecer la seguridad fronteriza. Estas incluyen la construcción de la segunda fase del muro fronterizo, el aumento de los operativos de interdicción migratoria, el cierre de mercados binacionales en zonas críticas, y la creación de protocolos más estrictos para la emisión de visados y permisos de trabajo.
Diversos sectores de la sociedad han reaccionado positivamente a esta decisión, destacando su potencial para sentar las bases de una política migratoria más consensuada, transparente y efectiva. No obstante, algunos analistas advierten que el verdadero impacto del Observatorio dependerá de su capacidad para incidir en la toma de decisiones del Gobierno y de su independencia operativa. Por el momento, el decreto representa un esfuerzo inédito por institucionalizar la vigilancia ciudadana en el ámbito migratorio y fortalecer la gobernabilidad democrática en un tema de alta sensibilidad nacional.
