Santo Domingo, R.D. – El reconocido jurista y constitucionalista dominicano, Juan Miguel Castillo Pantaleón, ha reaccionado con firmeza ante la sentencia TC/0067/25 emitida por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, calificándola como un “atentado institucional” contra la soberanía nacional. La decisión del alto tribunal ordena al Ministerio de Interior y Policía juramentar como dominicanos a más de treinta ciudadanos haitianos, revocando una resolución anterior de la jurisdicción contenciosa administrativa que había rechazado dicha pretensión por falta de fundamento legal.
Castillo Pantaleón advirtió que esta sentencia no solo pisotea el principio de legalidad en materia de nacionalidad, sino que sienta un precedente peligroso que desnaturaliza el concepto de ciudadanía dominicana. “Estamos ante un acto jurídico que vulnera la Constitución, que desmonta la institucionalidad y que responde a una agenda foránea, no al interés del pueblo dominicano”, expresó el jurista. A su juicio, el fallo del Tribunal Constitucional constituye una clara prevaricación judicial, donde se sacrifica la soberanía sobre el altar de la corrección política y la presión internacional, sin ningún respaldo normativo.
El abogado, considerado una de las voces más respetadas en temas de migración y derechos humanos en el país, también alertó que este tipo de decisiones judiciales abre la puerta a una grave crisis institucional y social. “Hoy son 30, mañana podrían ser 30 mil. Esta es una ruta directa hacia el desmantelamiento de la nacionalidad como categoría jurídica protegida. El Estado dominicano se ve empujado a conceder privilegios sin base legal, sin control democrático y sin el más mínimo respeto a las competencias de sus instituciones”, afirmó con vehemencia.
Castillo Pantaleón llamó a la sociedad civil, a las fuerzas políticas y a los sectores patrióticos a no permanecer indiferentes ante lo que considera una operación judicial encubierta para imponer una nueva narrativa sobre la nacionalidad dominicana. “La Constitución no se puede reinterpretar a capricho. El derecho no es una herramienta para complacer agendas internacionales. Si el Tribunal Constitucional deja de defender la Constitución, entonces ¿quién lo hará?”, concluyó.
