El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción este jueves para los siete implicados en la supuesta red de estafadores inmobiliarios desmantelada mediante la Operación Nido. Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como el principal responsable, fue enviado a prisión preventiva por 18 meses en la cárcel Najayo-Hombres, declarando el caso como complejo.
Además de Rivera Ledesma, otras personas involucradas enfrentarán distintas medidas cautelares. Su hijo, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, su hermana, Mirna Catalina Rivera Ledesma, y el financiero del proyecto, Juan Omar Rosario López, también enfrentarán prisión preventiva. Reilin Arismendy Rosario García, quien colaboró con el Ministerio Público, tendrá arresto domiciliario e impedimento de salida.
Por su parte, María Gabriela Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, hija y esposa de Rivera Ledesma, respectivamente, deberán cumplir medidas cautelares que incluyen garantía económica a través de una compañía aseguradora, uso de localizador electrónico (grillete), e impedimento de salida del país.
La procuradora fiscal Sourelly Jáquez destacó la decisión del juez y mencionó que el Ministerio Público aportó pruebas periciales y documentales suficientes. Señaló que hasta el momento se han presentado 199 querellas formales, con víctimas que superan las 300. Jáquez también informó que se están interrogando aproximadamente cinco vendedores inmobiliarios.
La Operación Nido, iniciada el 3 de enero, desmanteló una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas mediante proyectos inmobiliarios fraudulentos. La investigación reveló que la red utilizó empresas como Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL, y Auto Xperts AFM SRL para llevar a cabo estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
El Ministerio Público ocupó evidencias que demuestran que Rivera Ledesma usaba nombres de personas reconocidas para engañar a las víctimas. También se encontraron pruebas de la ostentosa vida de algunos miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
La imposición de las medidas de coerción busca asegurar que los acusados no destruyan evidencias ni representen una amenaza para las personas estafadas. El juez Sena determinó que los imputados Juan Omar Rosario López, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo y Emmanuel Rivera tuvieron una participación de primer orden en las maniobras fraudulentas.
Los procuradores fiscales Sourelly Jáquez, Magali Sánchez y Andrés Mena representaron al Ministerio Público durante la audiencia. Además, se informó que se están recuperando bienes distraídos por los imputados, los cuales serán custodiados por el Ministerio Público.
