Santo Domingo, 17 de abril de 2025 — La democracia no puede ser privilegio de unos pocos. Bajo esa premisa, el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) firmaron un acuerdo explosivo que busca remover las barreras históricas que han mantenido fuera del sistema a miles de dominicanos en situación de vulnerabilidad.
El convenio, firmado por el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del TSE, y Manuel María Mercedes Medina, titular de la CNDH-RD, contempla acciones conjuntas de formación, orientación legal y rectificación de actas del Estado Civil, incluyendo cambios, supresiones y añadiduras de nombres, un obstáculo que impide a muchos acceder a servicios básicos o ejercer su derecho al voto.
Acciones concretas, impacto directo
El pacto no se queda en el papel. Las entidades desarrollarán materiales didácticos accesibles, campañas de sensibilización política-electoral, y trabajarán en alianza con organizaciones comunitarias y sociales para garantizar un alcance real en barrios y sectores históricamente ignorados del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La iniciativa tiene como eje principal a personas en condición de vulnerabilidad —incluyendo migrantes, comunidades empobrecidas, mujeres sin documentación completa, jóvenes en conflicto con el sistema y adultos mayores sin registros válidos—, a quienes se les buscará restituir derechos civiles y electorales de forma efectiva.
Un pacto con respaldo institucional
El acto de firma contó con la presencia de los jueces titulares del TSE, Rosa Pérez de García y Pedro P. Yermenos Forastieri, así como del secretario general de la Alta Corte, Rubén Darío Cedeño, y el consultor jurídico del tribunal, Henrri Cuello Ramírez. Por la CNDH-RD participaron líderes nacionales y regionales de derechos humanos, encabezados por Berkania García, Fernando Morillo, Rafael Ureña, Francis Ciprián, Juan Miguel Rondón, Guillermo Peña y Albin Pérez.
Un paso hacia la inclusión estructural
Este acuerdo marca un antes y un después en la forma en que el Estado Dominicano aborda la inclusión jurídica de sus ciudadanos más invisibilizados. Lejos de los gestos simbólicos, se trata de una intervención directa en la raíz del problema, desde el acta de nacimiento hasta la urna electoral.
La alianza entre el TSE y la CNDH-RD pone sobre la mesa una pregunta contundente: ¿cómo puede haber democracia si hay dominicanos sin nombre, sin identidad y sin voz?
