En una sesión de la comisión permanente de la Junta Central Electoral (JCE) de la Cámara de Diputados, se aprobó un informe favorable y se recomendó la aprobación de un proyecto de ley que impondría la obligatoriedad de participar en debates electorales a todos los candidatos a cargos electivos de partidos políticos.
El informe, aprobado y firmado en el cierre de la legislatura el pasado 12 de enero, establece que los candidatos que no asistan a los debates serán sancionados con la restricción total de los espacios destinados para la promoción de sus aspiraciones.
Según el informe, que proviene de dos proyectos de ley propuestos por los diputados José Horacio Rodríguez, Mélido Mercedes, Pedro Martínez, Aída López y Mateo Espaillat, se dispone la asistencia y participación obligatoria de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, al Congreso Nacional y a los gobiernos locales a por lo menos uno de los debates públicos organizados por la JCE.
Previo a los debates, se establece que los temas deben ser consensuados con todas las agrupaciones políticas de los candidatos, así como con instituciones académicas y de la sociedad civil. Además, se ordena que los debates sean transmitidos por los medios de comunicación públicos y estarán disponibles en los portales digitales de la JCE para acceso público posterior.
El proyecto legislativo también establece que la JCE retendrá una proporción del dinero asignado a los partidos políticos para financiar los debates, los cuales serán gratuitos para los aspirantes y no implicarán ningún gasto para ellos.
El informe legislativo organiza el período, formato, duración y temática de los debates, programándolos para el último lunes de los meses de noviembre, enero y marzo, previo a la contienda electoral. Además, cada debate abordará temáticas distintas relevantes para el interés nacional.
Los diputados proponentes argumentan que los debates electorales fomentan la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo a los votantes conocer a los candidatos y sus propuestas. Además, aseguran que la falta de obligatoriedad provoca que los debates se realicen de forma intermitente o irregular, lo que afecta la promoción del voto en el país.
El informe será expuesto en la próxima legislatura de la Cámara Baja, prevista para iniciar el 27 de febrero.