La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha manifestado su inquietud ante la aprobación reciente de la Ley 1-24 en República Dominicana, específicamente por su impacto en la libertad de prensa y la protección de fuentes confidenciales. La nueva legislación crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), presentada por el gobierno como un paso crucial en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, ciberamenazas y corrupción.
Según voceros gubernamentales, la ley proporciona las herramientas legales necesarias. Sin embargo, organismos locales como el Colegio de Periodistas y la Sociedad Dominicana de Diarios han expresado su preocupación por la ambigüedad de ciertos artículos y sus potenciales impactos negativos en la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.
Uno de los puntos más controversiales es el artículo 11, que obliga a entregar información a la DNI por parte de instituciones privadas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección de la intimidad. El presidente de la SIP, Roberto Rock, destaca que una regulación tan amplia puede afectar la confidencialidad de las fuentes periodísticas y el derecho a la privacidad.
En consonancia con los principios de la Declaración de Salta de la SIP, que aboga por garantizar la protección de la identidad de fuentes confidenciales y el uso de herramientas de encriptación, la Ley 1-24 podría comprometer estos derechos fundamentales. Además, las sanciones penales establecidas en el artículo 26, con penas de prisión y multas, generan preocupación sobre posibles efectos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, señala que el lenguaje amplio y ambiguo de la ley puede tener consecuencias significativas en el ejercicio del periodismo, afectando el acceso a información y el derecho consagrado en la Constitución dominicana.
A pesar de que República Dominicana lideraba en 2023 el Índice Chapultepec de la SIP, un barómetro de la libertad de prensa en las Américas, la aprobación de la Ley 1-24 plantea serias preocupaciones. Listín Diario, en un editorial, sugiere la reformulación de la ley en el Congreso para evitar desconocimientos o violaciones de derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. La SIP hace un llamado a la reflexión sobre los posibles impactos en la libertad de prensa y el derecho a la información en República Dominicana.
