En un acto histórico en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader firmó el decreto ejecutivo número 01-24, estableciendo regulaciones inéditas en la contratación de publicidad estatal. Esta medida, según el mandatario, representa una "camisa de fuerza" crucial en un año electoral, priorizando la transparencia y el uso eficiente de los recursos gubernamentales.
El vocero presidencial, Homero Figueroa, subrayó que la regulación no implicará una reestructuración presupuestaria debido a la eficiencia en el uso de los recursos. "No habrá necesidad de reestructurar nada, ya que la ejecución del 2023 fue eficiente, como demostramos con la cifra compartida", afirmó Figueroa.
Ante las críticas sobre el gasto excesivo en publicidad estatal, Figueroa aclaró que en el 2023 se invirtieron 3,594,417,516.30 pesos, destacando que este monto es considerablemente mayor al presupuestado.
El presidente Abinader, en una rueda de prensa, enfatizó que esta medida busca impulsar la rendición de cuentas, la transparencia y la difusión de información relevante para los ciudadanos sobre los servicios públicos. Señaló que es la primera vez en la historia que un gobierno asume el compromiso de regular la publicidad oficial en un año electoral para evitar la difusión de mensajes propagandísticos.
El decreto establece que la publicidad oficial se utilizará exclusivamente para objetivos operativos y estratégicos de las instituciones, así como para facilitar el acceso a información veraz y necesaria para la ciudadanía.
Abinader destacó que las disposiciones de este decreto son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo, siendo supervisadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).
Entre los puntos clave del decreto, se prohíbe el uso discriminatorio de la publicidad oficial para presionar o privilegiar a medios o comunicadores en función de su línea editorial o posición ideológica. También se veta la utilización de la publicidad estatal con fines políticos o propagandísticos.
Asimismo, se establecen criterios objetivos y transparentes para la selección de los medios de comunicación, priorizando el perfil del medio y su público objetivo.
El presidente instruyó a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a lo estrictamente necesario y respetar las disposiciones legales y electorales emitidas por la Junta Central Electoral (JCE).
En un plazo de seis meses, la DGCP y la DIECOM elaborarán un reglamento general de publicidad oficial, detallando criterios y procedimientos para su contratación, contenido y ejecución. Esta propuesta será socializada con los posibles interesados según las normas del procedimiento administrativo.
Con este decreto, el Gobierno busca establecer un marco de transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos, asegurando que la publicidad oficial se oriente a informar y servir a los ciudadanos, evitando cualquier desviación propagandística o partidista.
