Santo Domingo, 30 de marzo de 2025 — Mientras cientos de familias entierran a sus muertos tras la tragedia del Jet Set, las alarmas suenan ahora en los despachos judiciales. La Procuraduría General de la República (PGR) ha activado una ofensiva legal tras obtener informaciones de que el empresario Antonio Espaillat López, dueño de la discoteca colapsada, estaría trasladando bienes y activos a su nombre, en lo que el Ministerio Público interpreta como un movimiento calculado para evadir posibles responsabilidades económicas con las víctimas.
La Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezada por Wilson Gómez, inició una serie de “diligencias procesales urgentes” contra Inversiones E y L SRL, Jet Set Club y otras propiedades de Espaillat, con el objetivo de impedir cualquier transferencia de bienes mientras avanza la investigación.
⚠️ Bienes bloqueados, justicia activada
Según fuentes ligadas al caso, ya se interpusieron oposiciones legales a múltiples transacciones, entre ellas acciones societarias, cambios de titularidad y operaciones inmobiliarias vinculadas al empresario.
“No se está investigando por lavado de activos, pero se están utilizando los mecanismos de la Ley 155-17 para congelar cualquier movimiento sospechoso de bienes”, indicó una fuente del Ministerio Público.
“No vamos a permitir que se burlen del dolor de cientos de víctimas para salir ileso por vía financiera.”
Estas acciones se sustentan en el marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, que faculta a la institución a actuar para proteger los derechos fundamentales, salvaguardar el interés público y garantizar reparación a las víctimas de hechos criminales.
⚰️ Jet Set: de ícono del entretenimiento a símbolo de impunidad estructural
El colapso del techo de concreto de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril durante una presentación del merenguero Rubby Pérez —quien falleció en el acto— dejó 232 personas muertas y más de 180 heridas.
Una tragedia que, según revelan las investigaciones preliminares, pudo haberse evitado si se hubieran cumplido las regulaciones de seguridad estructural y ocupación del local.
El Ministerio Público ha comenzado a revisar documentación corporativa, licencias, seguros, historial técnico del inmueble y condiciones estructurales, abriendo una brecha que apunta directamente a la posible negligencia empresarial.
📢 Antonio Espaillat: ¿colaborador o estratega?
Aunque el empresario ha declarado estar “a disposición de la justicia” y dispuesto a colaborar, sus movimientos recientes para blindar bienes y propiedades han encendido todas las alarmas del sistema judicial.
“Una cosa es decirlo frente a las cámaras, y otra muy distinta es intentar mover tus activos mientras el país entero te señala”, comentó un fiscal adjunto que participa en la investigación.
La PGR ha reiterado que su prioridad es proteger el derecho de las víctimas a una indemnización justa, y por ello ningún bien será tocado ni transferido sin revisión judicial previa.
