La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirma la parálisis del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), marcando un hito en la tradición jurídica dominicana. Esta decisión no solo aborda la responsabilidad del Estado en obras de utilidad pública como los aeropuertos, sino que establece criterios claros para la transparencia y libertad de concurrencia en proyectos de esta índole.
La SCJ, a través de la Tercera Sala presidida por Manuel Alexis Read y respaldada por los jueces Manuel R. Herrera Carbuccia y Anselmo Alejandro Bello, ratificó la decisión del Instituto de Aviación Civil (IDAC) que consideró lesivo el permiso para la construcción del AIB. Más allá de la paralización, la sentencia cuestiona el procedimiento administrativo seguido, señalando irregularidades en la aprobación.
De manera contundente, la sentencia recalca que las autorizaciones del AIB no siguieron el debido proceso administrativo y destaca que la aprobación del aeropuerto, al margen de las normativas establecidas, carece de validez legal. En ese sentido, la SCJ subraya la necesidad de licitación para infraestructuras de utilidad pública, reafirmando la importancia de los principios de transparencia y equidad.
Esta histórica sentencia no solo establece un precedente en términos legales, sino que enfatiza la importancia de seguir los procedimientos establecidos en la legislación dominicana. Es un paso firme hacia la transparencia, la legalidad y la seguridad jurídica en el país.
