SANTO DOMINGO. – A las dos de la tarde de hoy se reanudará la audiencia para conocer la medida de coerción contra siete personas y tres empresas vinculadas a un presunto fraude que supera los 1,317 millones de pesos, relacionado con el contrato de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Durante la audiencia, se espera que los imputados Carlos Peguero Vargas y José Ángel Gómez Canaán presenten sus medios de defensa, mientras que el Ministerio Público tendrá derecho a réplica antes de que la jueza encargada tome una decisión sobre la medida de coerción solicitada.
El Ministerio Público, representado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, y la coordinadora de Litigación, Mirna Ortiz, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los implicados, además de que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud y las características del presunto fraude.
La investigación, denominada "Operación Camaleón", involucra al exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez como los principales imputados. Los demás acusados son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras en el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez, exdirector Administrativo y Financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, socio de Jochi Gómez.
En el caso también se han señalado tres empresas: Transcore Latam, Aurix, e Inprosol, que habrían estado involucradas en las supuestas irregularidades.
Según el Ministerio Público, esta red de corrupción estaría implicada en delitos como terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco, en un proceso que comenzó con una licitación irregular por parte del Intrant.
