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Yohan López asume la Presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana y Aborda Desafíos Legales en su Nuevo Cargo

El nuevo presidente anuncia la prioridad de consensuar el reglamento de aplicación de la Ley 319 y llama a la unidad del gremio, mientras una comisión legal del CARD impugna la sentencia del Tribunal Superior Electoral.

Yohan López

Este martes, Yohan López hizo oficial su asunción como el nuevo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). En su primer anuncio en el cargo, López informó sobre la integración de su equipo a los trabajos del gremio y delineó las prioridades de su gestión.

"Como nuevo presidente del CARD, nuestra primera gestión es trabajar de manera consensuada en el reglamento de aplicación de la Ley 319, junto con el Consejo Nacional del Colegio de Abogados", afirmó López. Además, hizo un llamado a los excandidatos a unirse para trabajar de manera unificada en beneficio del gremio y contribuir al desarrollo y cumplimiento de la democracia tanto en la organización como en la sociedad.

Por otro lado, una comisión del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) liderada por Miguel Surun Hernández interpuso un recurso de revisión constitucional contra la sentencia del Tribunal Superior Electoral que anuló la proclamación de Trajano Vidal Potentini como ganador de las elecciones del Colegio de Abogados celebradas el 2 de diciembre del 2023.

Surun Hernández explicó que esta decisión del Tribunal Superior Electoral violó su competencia, según el artículo 214 de la Constitución, que establece que dicho tribunal solo es competente para tratar conflictos relacionados con partidos políticos. Los juristas solicitaron la suspensión inmediata de la sentencia hasta que el Tribunal Constitucional revise el recurso de competencia.

Este acontecimiento legal representa un desafío para la democracia y la paz pública, según los juristas, quienes argumentan que la decisión del Tribunal Superior Electoral refleja falta de imparcialidad e independencia en un proceso que afecta las elecciones municipales y presidenciales del 2024. La comisión alega que el tribunal violó su propia ley orgánica y la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional.

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